En relación al panorama "Perder ganando", redactado por el periodista Roberto Delgado (1/06), quisiera manifestar la inexactitud de algunos conceptos.
De ninguna manera la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) podría oponerse a las "nuevas normas" que cita el columnista, en forma vaga y ambigua, porque de hecho no existe tal nueva normativa. A pesar de que luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Arriola (que vino a sentar jurisprudencia, no un cambio de normas), ciertos sectores que propician un cambio de paradigma ciertamente mucho más laxo y liberal en lo que respecta al consumo de sustancias lo interpretaron como un guiño de aprobación, es atribución del Honorable Congreso de la Nación sancionar una ley o modificar una ya existente.
Nuestro país se sigue rigiendo con la ley de drogas Nº 23.737, que en ninguno de sus articulados impide combatir al crimen organizado y perseguir a los grandes narcotraficantes (concepto que ciertas voces se han encargado de instalar). Resulta entonces una falacia transmitirle al ciudadano común que la ley actual sólo es útil para detener "perejiles", porque lo deja indefenso y carente de protección por parte del Estado. Basta con remontarse a mayo de 2009, cuando un juez federal de Mar del Plata dejó en libertad a peligrosos narcotraficantes por interpretar que existieron supuestos errores formales en el procedimiento realizado por las fuerzas policiales, o al reciente fallo que anuló el procesamiento de una "mula" que portaba 100 cápsulas de cocaína porque los médicos que lo atendieron habrían violado el secreto profesional al denunciarlo, para afirmar que los narcotraficantes encuentran en la justicia garantista su principal aliado.
También habla de un desconocimiento importante sobre la materia plantear la inexistencia de un organismo coordinador de políticas, cuando es atribución de esta Secretaría de Estado, dependiente de la Presidenta de la Nación, articular acciones con los demás Ministerios y con las diferentes provincias a través del Consejo Federal de Drogas (Cofedro).